CCOO Cádiz lleva a los tribunales a la inspección educativa por vulnerar la libertad sindical
Denuncia prácticas “coercitivas” y acusa a la administración de impedir la asistencia de representantes sindicales en reuniones con posibles consecuencias disciplinarias.
Todo ocurre en cuestión de minutos. Una reunión que cambia de hora sin margen de reacción, una docente llamada a dar explicaciones y una representante sindical que, cuando llega, se queda fuera.
Esta escena, que podría parecer puntual, ha terminado en los tribunales y ha abierto un nuevo frente en la enseñanza pública de Cádiz.
CCOO ha decidido judicializar lo sucedido el pasado 3 de marzo en un centro educativo de San Fernando. Según su versión, la trabajadora afectada había solicitado por escrito que su delegada sindical estuviera presente en la reunión, algo habitual cuando pueden derivarse consecuencias disciplinarias. Sin embargo, la cita se adelantó media hora y se celebró sin esa garantía.
La representación sindical logró llegar poco después de que comenzara el encuentro, apenas diez minutos tarde, lo suficiente, sin embargo, para que no se les permitiera entrar.
Una afirmación que, aseguran, no se ajusta a lo que realmente ocurrió dentro.
Porque, según la documentación recabada posteriormente, durante esa reunión sí se puso sobre la mesa la posibilidad de abrir un expediente disciplinario. Un extremo especialmente sensible que, sin presencia sindical, deja a la trabajadora, según CCOO, en una posición de clara desventaja.
De ahí que el sindicato hable abiertamente de vulneración de derechos fundamentales. Por ello, el recurso contencioso-administrativo se dirige contra la Delegación Territorial de Educación en Cádiz, la inspección educativa y la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta.
Pero, mas allá del caso concreto, el sindicato dibuja un escenario que preocupa. No hablan de un hecho puntual, sino de una dinámica que, aseguran, se repite en distintos centros: presión sobre el profesorado, uso de la inspección como herramienta de control y situaciones que terminan resolviéndose en silencio.
Una salida discreta que, en la práctica, evita el conflicto, pero también invisibiliza el problema.
El paso dado ahora, insisten, no busca solo una resolución judicial. Pretende marcar un límite, dejar claro hasta dónde se puede llegar y, sobre todo, hasta dónde no.
Porque, mas allá de un expediente o de una reunión concreta, lo que está en juego, subrayan, es algo mas profundo: las garantías con las que trabaja el profesorado y la confianza en el sistema educativo público.
